Contar con una política pública integral que permita articular acciones, controles e incentivos para lograr un desarrollo constante de la industria farmacéutica nacional es la aspiración de los laboratorios ecuatorianos.
El presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE), Renato Carló, resalta que el sector atraviesa en la actualidad por un escenario complejo, debido a los problemas que tiene para la comercialización de sus productos en el mercado nacional.
Esto se evidencia en las cifras de participación de ventas, pues la industria nacional apenas representa el 20 por ciento del total de medicamentos comercializados en el país, mientras que el 80 por ciento restante es cubierto por productos importados.
Ecuador es el único país donde la industria farmacéutica nacional tiene este porcentaje tan bajo. En Latinoamérica, la industria local en sus respectivos países representa entre el 40 y 70 por ciento», asegura Carló.
Según la ALFE, esta baja participación de venta de los laboratorios nacionales se debe al sistema de fijación de precios, a la libre importación de medicamentos, a los aranceles que tienen grabados ciertos insumos que utiliza la industria local y a la falta de instrumentos de regulación para fomentar la fabricación y consumo de productos ecuatorianos.
Sobre la fijación de precios, el director ejecutivo del gremio, Miguel Palacios Medina, explica que anteriormente las empresas debían justificar ante un consejo el valor que quería cobrar en el mercado por determinado medicamento.
«El laboratorio tenía que contratar a un auditor para que hiciera un análisis del costo de producción de la medicina para que después la autoridad acepte o niegue el precio solicitado. Cuando el pedido era negado, se tenía que esperar 6 o 7 meses para ingresar una nueva solicitud, es decir, el laboratorio se demoraba entre año y medio o dos años para solicitar una fijación de precios», recuerda.
Sin embargo, en marzo de 2015 se expidió un nuevo reglamento para este tema, que estableció precios techo para los medicamentos considerados estratégicos. Así, los laboratorios solo deben solicitar la aprobación de valores por debajo de ese precio máximo.
A pesar de ello, hay trabas en los procesos de solicitud. «El nuevo esquema es ideal, pero en la práctica no es así, porque las autoridades se demoran. Hay algunas solicitudes paradas, extraviadas y no despachadas. Esto provoca que haya un retraso en los laboratorios en poder sacar nuevos medicamentos y se afecta a los pacientes que no tienen otra alternativa en el mercado, que seguramente es más barata», manifiesta Palacios.
Otro problema del sector es la subutilización de sus plantas de producción.
Carló resalta que la industria farmacéutica local solo ocupa el 40 por ciento de su capacidad instalada.
Por ello, en 2009 le hicieron una propuesta al Gobierno nacional para la compra de medicamentos en el sector público (Ministerio de Salud, IESS, seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional) se realice a través de una subasta en dos etapas.
«En la primera etapa, participaría solo la industria nacional hasta agotar todos los ítems que podía abastecer; y en la segunda, entraría a participar la industria transnacional. Y fue todo un éxito», asegura.
Dicha subasta de medicamentos se realizó en 2011, la cual adjudicó contratos por 450 millones de dólares. De ese total, los laboratorios nacionales lograron una participación del 33 por ciento (150 millones de dólares).
Ese mecanismo le dio impulso a los laboratorios ecuatorianos, que realizaron inversiones en infraestructura, tecnología, procesos automatizados y fabricación de nuevos productos. Desde el 2011 a la fecha se estima que la industria invirtió algo más de 80 millones de dólares.
Sin embargo, las condiciones de las compras públicas de medicamentos cambiaron y el nuevo sistema afectó a la industria nacional. En la última subasta, efectuada en este año, el 68 por ciento de la contratación se adjudicó a tres empresas, de un solo grupo corporativo, indica Carló.
«Consecuencia de esto el sector atravesará una situación económica muy difícil. Además, las empresas que ganaron la subasta, físicamente no tienen la capacidad para entregar los productos que fueron adjudicados, entonces, va a existir escasez de medicamentos», dice el directivo.
Ante este escenario productivo y económico, los 14 laboratorios que integran la ALFE ven necesaria una política pública integral que establezca regulación de precios, investigación y desarrollo, fomento a las exportaciones, sustitución de importaciones y una política comercial clara para el sector farmacéutico.
